La batalla (forestal) amazónica: Ministerio de Agricultura vs gobiernos regionales

Una de las preocupaciones más intensas en la Amazonía es el destino del sector forestal. El Perú es actualmente el 2° país de Sudamérica con mayor superficie de bosques y es considerado el 9° país del mundo con el mayor potencial de recursos forestales.

Madera sangrienta en la Amazonía (ilustración Víctor Aguilar para El Comercio)

A pesar de esto, la explotación irracional ha venido dándose de manera sostenida, sin control.  La desidia y el crimen se han adueñado de los bosques. Las mafias han venido manejando sus negocios a punta de corrupción, chantaje y crimen. El sector público y la empresa privada, así como los taladores ilegales se han visto involucrados.

El reciente asesinato de 4 indígenas asháninkas en la comunidad de Alto Tamaya Saweto, en la región Ucayali, ha sido un detonante escandaloso que ha motivado una serie de dimes y diretes entre autoridades nacionales y regionales de diversos sectores.

El escándalo internacional se vio gatillado por la muerte de Edwin Chota, conocido y respetado jefe asháninka de la comunidad. Chota era un activo opositor a la tala ilegal. Las denuncias que presentó (con nombres y apellidos) tanto en Lima como Pucallpa fueron archivadas por todas las instancias. Chota había escrito más de 100 cartas reclamando protección y atención a sus reclamos (más sobre el caso en este reportaje).

La muerte de Edwin Chota y la reacción de la prensa internacional

Seguramente movido por el remezón mediático a raíz de Chota y los dirigentes asháninkas, el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, escribió una columna en el diario El Comercio donde, entre otras cosas, plantea  “retirar, aunque sea, temporalmente las competencias sectoriales transferidas a los gobiernos regionales, especialmente en materia de titulación de tierras, entrega de derechos de concesiones y lucha frontal contra la tala ilegal”.

Ahí empezó parte de la nueva batalla forestal amazónica.

Esto ha generado malestar en las dependencias públicas regionales y en los gremios forestales, inmediatamente. La idea misma de volver a un estado anterior, además de vulnerar los procesos de descentralización ya encaminados, sería un retroceso en avanzado y fortalecido en gestión forestal regional (en las que han participado instituciones aliadas indígenas, públicas, ONGs y cooperación internacional, entre otras).

En este esquema, el Ministerio de Agricultura buscaría achacar a los gobiernos regionales, aunque a decir de los gobiernos regionales, esta sería su  entera responsabilidad por antiguas problemáticas no resueltas, entre ellas la tala ilegal.

Se debe recordar que las regiones de selva recién asumieron  funciones en materia  forestal y de fauna silvestre desde al año 2010. Esta transferencia de funciones en casi todos los casos fue solo administrativa, pero no se hizo lo propio con presupuesto ni capacitación.

Por ejemplo, Edwin Chota venía solicitando ante la autoridad nacional forestal la exclusión de sus áreas superpuestas a concesiones forestales maderables, sin ser su pedido resuelto. Recién el año 2013  solicita a la autoridad regional ucayalina este trámite.

En el caso de las concesiones forestales, en Ucayali,  hasta el año 2010, en que se efectiviza la transferencia de funciones a los gobiernos regionales, más del 80% de las concesiones forestales maderables incurrieron en causales de caducidad, bajo la administración de la autoridad nacional forestal.

Según el ministro de Agricultura, no hemos sido capaces de aprovechar adecuadamente estos recursos y hemos estado relegados en los ránkings de producción forestal y, consecuentemente, nuestras exportaciones de ese rubro apenas superan los US$100 millones anuales. Sin embargo, este tema se ha venido arrastrando desde mucho tiempo atrás, y no solo con la administración regional.

El ministerio ha presentado recientemente el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) con la misión de impulsar la nueva política nacional en este aspecto. Pero la lucha es intensa, no solo por la ineficiencia estatal, sino también por la corrupción, palpable en todas las instancias, sin excepción.

Ha habido casos por ejemplo, en Puerto Bermúdez, en los que de modo inconsulto y sin su presencia, las autoridades del Ministerio de Agricultura habían cambiado los linderos de sus tierras utilizando planos falsos que no corresponden a la realidad física. Más de 500 comunidades indígenas desde hace décadas exigen la titularidad de sus tierras.

El gobierno indicó haber descubierto a los supuestos asesinos de Chota y lo demás dirigentes. Sin embargo, solo serían taladores ilegales, último eslabón de una cadena mucho más larga y compleja.

Se ha señalado que esta zona es también una donde operan  corredores del narcotráfico y áreas de sembrío de coca. En algunos casos se camufla la droga a través de la madera ilegal. ¿Evitar esto depende de quién? ¿De la autoridad nacional forestal o de los gobiernos regionales? ¿O más bien esto no dependería del ministerio del Interior?

Algunos datos sueltos al respecto.

–       El Banco Mundial pronostica que el 80% de la madera exportada desde el Perú tiene origen ilegal.

–       El Gobierno Regional de Loreto señala que anualmente perdemos 250 millones de dólares por tala ilegal.

El ministro del Interior Daniel Urresti anunció el nombramiento de un alto comisionado para combatir la tala ilegal. El elegido ha sido César Fourment, cuestionado ex policía retirado, estrechamente vinculado con la cúpula policial en la época del fujimontesinismo.

Las protestas en las calles contra la política forestal del gobierno continúan. Esta se realizó, por ejemplo, ayer en Iquitos.

La prensa loretana sobre las protestas contra la autoridad nacional forestal.

Las demandas completas de los gremios regionales al ministro de Agricultura y al gobierno, aqui:

Demandas de los gremios regionales amazónicos contra el ministro de Agricultura y el gobierno de Humala.

La batalla, como vemos, recién parece haberse iniciado.

Bonus 1: No se pierdan estas tres noticias recientes sobre tala ilegal en la Amazonía, de Dánae Rivadeneyra. La cosa pinta fea.

Bonus 2: Advierten, además, que la tala y la minería ilegal ponen en riesgo servicio de agua en Ucayali.